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Las causas de la devaluación han sido los profundos desequilibrios macroeconómicos acumulados en el tiempo, desequilibrios que se pudieron mantener únicamente mientras el precio del crudo lo permitió (mientras crecía lo suficiente). Y las consecuencias serán: una mejora de los balances por revaluación y aumento de los ingresos netos y gastos en bolívares del BCV, el Fonden, PDVSA, la CVG, el gobierno, la banca y aquellas empresas privadas que, de sufrir un incremento en bolívares del valor de su deuda en dólares (por importaciones y otros compromisos), puedan pasar al consumidor final los aumentos de sus costos a consecuencia de la devaluación; es decir, la devaluación traerá mayor flexibilidad fiscal, menores tasas de interés producto de la inyección monetaria, y un proceso agudo de inflación de costos/precios asociado al componente importado, cuyos efectos sobre el salario real (i.e. ingreso real disponible) y el consumo podrían ser devastadores, en un escenario en el cual la inversión real necesaria para expandir la producción y substituir las importaciones no tendría lugar debido a la gran incertidumbre política, jurídica y económica que vive el país.

La persistencia de la inflación resultante del aumento de los salarios a un ritmo superior al de la productividad media de la economía no petrolera, el gasto público desmesurado, las persecuciones y hostigamiento a la empresa privada, las tan precarias expectativas por falta de respaldo del bolívar en reservas de divisas, y la monetización del déficit fiscal, condujo a la expansión acelerada de las importaciones y del ahorro (en dólares) de la renta petrolera y, finalmente, al “viernes rojo” y la devaluación.

En lugar de un proceso de inversión real de la renta petrolera (i.e. en capital físico), Venezuela experimentó durante los últimos años un proceso de filtraciones externas, debido a los desfavorables precios relativos (i.e. rentabilidad) y condiciones adversas respecto al riesgo cambiario, como resultado de un esquema de control de cambios y mantenimiento artificial de un tipo de cambio fijo vía el endeudamiento crónico; lógicamente, era sólo cuestión de tiempo para que el gobierno se quedase sin divisas y llegase la devaluación.

La producción nacional y las exportaciones no petroleras difícilmente se recuperarían a fin de año, motivo por el cual la estanflación continuaría durante 2010, a pesar del mayor aumento del gasto público financiado por la devaluación. A esto se suma el gravísimo problema de la escasez de electricidad, y agua, recursos fundamentales para el comercio y la producción. El gobierno nacional, bajo las actuales condiciones de incertidumbre, perdería nuevamente control sobre el tipo de cambio paralelo, referencia fundamental para la formación de precios en Venezuela.

Pero, al final, ¿qué importa? El gobierno, como siempre, utilizará la tasa de cambio que más le convenga (2,60 Bs/$) para publicar sus estadísticas nacional e internacionalmente. A pesar de la merma de la productividad, aumentará el salario aproximadamente un 30%, en un nuevo ejercicio de petropopulismo electoral; y dirá: Venezuela sigue teniendo un ratio de deuda externa sobre PIB relativamente bajo y el mayor salario mínimo en dólares de Latinoamérica; claro, porque jamás aceptará expresarlo a su verdadero tipo de cambio (el paralelo), al cual las comparaciones internacionales sólo vergüenza podrían dar.

Angel García Banchs es PhD en Economía Política, Siena/Italia; Magíster en Economía y Finanzas, Warwick/Inglaterra; Magíster en Economía,Siena y Prof. del CENDES y PhD de Economía-UCV